A partir del 27 de febrero inicia un nuevo y último período legislativo del actual mandato congresual que inició en 2020 y que estará dominado por dos aspectos: el retraso de cientos de proyectos que morirán si no son aprobados en 150 días y la campaña política en la que están inmersos los congresistas que aspiran a cargos de elección popular.
En el primer aspecto, los sistemas de información de ambas cámaras congresuales registran 142 proyectos de ley que perimirán si no se aprueban en el período que inicia el 27 de febrero y que culmina el 26 de julio. Los reglamentos del Congreso y la Constitución dominicana ordenan que las propuestas sean estudiadas y aprobadas en dos legislaturas, de lo contrario, caducarían.
Las legislaturas son períodos de trabajo de 150 días, que se utilizan para estudiar proyectos en comisiones internas, someterlos en sesiones de trabajo y aprobarlos o rechazarlos.
Proyectos como la Ley para regular los Alquileres y Desahucios, el del Referendo Consultivo, el que crea la Dirección de Crédito Educativo y el que prohíbe la comercialización de cigarrillos electrónicos son solo algunos de los que caducarían en la Cámara de Diputados porque se depositaron después del 16 de agosto del 2023. Su plazo para aprobación culmina el 26 de julio de este año.
Otras piezas que están a punto de perimir en la cámara baja, si no se aprueban en esta legislatura, son los proyectos de ley del Distrito Nacional y los Municipios, de Desafectación de Inmuebles en Santiago y la que prohíbe las carreras de motocicletas en la vía pública.
En el Senado están las iniciativas que crearía la Dirección General de los Bomberos, la que regularía las expropiaciones de bienes del Estado, la que suprime el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la de mantenimiento de las infraestructuras viales del país y la Orgánica para reestructurar el Banco de Reservas, entre otras piezas del paquete que engrosa la carpeta de asuntos pendientes en el Congreso.
Campaña política
El avance en los estudios de los 142 proyectos está en la cuerda floja porque la mayoría de legisladores este año tiene puesto su enfoque en otro tema: la campaña política para las elecciones municipales del 18 de febrero y presidenciales y congresuales que se efectuarán el domingo 19 de mayo.
Más de 100 diputados y 28 senadores buscan repetir en sus cargos, moverse a otra cámara legislativa o aspiran a dirigir alcaldías, lo que implica la combinación de sus labores congresuales con sus postulaciones políticas. Esto podría poner en peligro la aprobación de cientos de proyectos de leyes que están retrasados.
Trabajo se redujo
Desde septiembre del 2023, la Cámara de Diputados redujo casi a la mitad su producción en aprobación de proyectos. Los legisladores decidieron disminuir la cantidad de sesiones por semana debido a la precampaña, lo que resultó en una baja en los proyectos aprobados y los trabajos de las cámaras en general.
Los reglamentos de la Cámara de Diputados ordenan a los legisladores sesionar hasta tres veces por semana. Sin embargo, la campaña política y otras responsabilidades partidarias provocaron que los encuentros se redujeran a uno por semana.
En consecuencia, un repaso a las actas de las sesiones celebradas en el 2023, evidenció que los diputados sancionaban un promedio de cuatro iniciativas por día, sumando doce piezas por semana.
Con el descenso de las labores, los proyectos aprobados bajaron de doce a cuatro cada semana.
La baja en los trabajos del año pasado fue por la campaña política de las elecciones municipales, por lo que se prevé que el proselitismo para las elecciones congresuales desencadene una reducción laboral más intensa en el Congreso.
De hecho, al ser cuestionados sobre la conjugación de los trabajos entre las sesiones y la preparación de las campañas, los propios legisladores han admitido que en la legislatura donde suceden las elecciones, los trabajos siempre se reducen.
«Es algo normal en todos los parlamentos porque se trata de una combinación entre la labor política y la legislativa», han reconocido los diputados Máximo Castro y Víctor Suárez, en declaraciones a la prensa.
La campaña, aparte de reducir los trabajos, también limita la evolución de los proyectos.
Del total de 142 piezas que podrían perimir en julio, un paquete caducaría por los delicados temas que abordan y, en consecuencia, por el costo político que representan.
Con el escenario así, el grupo de proyectos queda «en la cuerda floja» y opacado por el proselitismo al que se encara durante este complicado año legislativo 2024.
Con información de | Diario libre
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