El término “vaqueo” se utiliza en los vecindarios dominicanos para posicionar a jóvenes estratégicamente, a cambio de dinero, con el objetivo de alertar sobre las intervenciones policiales en puntos de venta de drogas. Es una variación del verbo transitivo “vaquear”, que hace referencia a la acción de “cuidar a las vacas”.
Los “vaqueadores” operan de diversas maneras, desde ubicarse en lugares designados para “observar” los movimientos de la policía, hasta desarrollar métodos más avanzados, como colocar cámaras de seguridad en postes de luz y en espacios públicos.
Un ejemplo de esto ocurrió en la provincia de San José de Ocoa, tras un operativo realizado por agencias de inteligencia el 13 de febrero, que resultó en la confiscación de un sistema de vigilancia ilegal.
Esto fue confirmado por el fiscal de esa área, Francis Valdez, después de una reunión con autoridades policiales locales, quienes están llevando a cabo una investigación para responsabilizar a los implicados en estas violaciones.
“Ahora instalan cámaras en las calles y compensan a sus propietarios con el fin de vigilar avenidas y accesos, además de poder alertar sobre la presencia de las autoridades”, comentó Valdez.
Los postes del tendido eléctrico eran utilizados para estos métodos ilegales, ocupados por personas asociadas a actividades criminales, especialmente aquellos involucrados en el narcotráfico.
“Es importante aclarar que una persona puede tener una cámara frente a su vivienda, pero no en la vía pública, ya que solo el Estado posee la autoridad para monitorear dichas áreas”, explicó el fiscal acerca de la legalidad de instalar sistemas de vigilancia.
Contexto
Estas actividades delictivas no son desconocidas para las autoridades, y existen antecedentes que remontan a José Luis Alvarado, conocido como Chelo Regidor, quien fue asesinado por individuos encapuchados en Galicia, España, y señalado como cabecilla de pandillas en Los Alcarrizos.
De acuerdo con las investigaciones de este medio, las autoridades en Santo Domingo Oeste confirmaron que las cámaras de seguridad instaladas de manera ilegal eran parte de las estrategias disuasivas de este.
En esta línea, también se reportaron operativos para desinstalar cámaras de seguridad en el municipio de Sánchez, en la provincia de Samaná, el 5 de agosto de 2024. En ese momento, el exministro de la Presidencia, Joel Santos, aclaró que fueron retiradas por falta de aprobación del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (9-1-1).
El funcionario insinuó que se había detectado un vínculo con el crimen organizado, en un intento de protegerse de las acciones de la Policía Nacional.
Previo a este evento, en septiembre de 2021, el organismo encargado de la justicia indicaba que la organización delictiva desarticulada durante la Operación Falcón había estado vigilando los accesos y salidas del municipio Miches, ubicado en la provincia de El Seibo, tanto por vía terrestre como marítima.
Lo mismo se aplicaba a áreas dentro del pueblo, donde se habían colocado 26 cámaras de seguridad, teniendo en cuenta la relevancia del lugar para mover grandes cantidades de drogas, asegurando control a través de la compra de bienes que abarcaban estaciones de servicio y redes de transporte.
Debido a la proximidad con la provincia San José de Ocoa, este medio se puso en contacto con los entes fiscales de Bahoruco, Barahona y Peravia, quienes, aunque no desestimando la actividad, afirmaron que actualmente no cuentan con informes de que esto suceda en sus regiones.
Con información de | listindiario.com
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