La trata de personas persiste como un problema alarmante en la República Dominicana. A través de las Operaciones Cattleya y Venus, el Ministerio Público ha logrado desmantelar redes criminales dedicadas a la explotación sexual de mujeres provenientes de Colombia y Venezuela. Estos operativos revelan la cruda realidad que enfrentan muchas mujeres vulnerables, atraídas con falsas promesas y sometidas a condiciones inhumanas.
La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT) ha revelado que estas redes captan a mujeres en situación de vulnerabilidad en Colombia y Venezuela, ofreciéndoles empleos en bares y restaurantes dominicanos. Sin embargo, al llegar al país, son obligadas a prostituirse bajo amenazas y deudas impagables impuestas por los traficantes. Este engaño inicial es el primer paso de un ciclo de explotación que las atrapa en una situación de la que es difícil escapar.
Las víctimas son obligadas a pagar entre 3,000 y 4,000 dólares por gastos de viaje, hospedaje y alimentación. Para saldar esta deuda, son forzadas a mantener relaciones sexuales con clientes que pagan entre RD$5,000 y RD$7,000 por hora en Santo Domingo, y entre 100 y 150 dólares en Punta Cana. Esta explotación económica las mantiene atadas a sus explotadores, quienes se benefician de su sufrimiento.
Además, se les prohíbe salir, son retenidas en hoteles como el Caribe en Santo Domingo y el Residencial Coco Real en Bávaro, y en muchos casos, obligadas a consumir sustancias controladas, lo que aumenta aún más su deuda. El control físico y psicológico es total, impidiendo cualquier intento de escape o denuncia.
Las víctimas son despojadas de sus pasaportes y forzadas a ejercer la prostitución en discotecas y parques de Santo Domingo. La deuda impuesta en este caso era de 3,500 dólares, y el dinero obtenido por los encuentros sexuales lo transferían directamente a las cuentas de los acusados. Esta práctica evidencia la planificación y el control financiero que ejercen las redes de trata.
Durante los allanamientos, las autoridades confiscaron un vehículo de «Nino», donde se halló 4.16 kg de cocaína clorhidratada, además de pruebas que vinculan a los implicados con la explotación sexual. El hallazgo de drogas vincula aún más a estas redes con actividades ilícitas y subraya la complejidad del problema.
El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva contra los acusados y ha declarado el caso complejo, citando violaciones a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas. La judicialización de estos casos es fundamental para combatir la impunidad y enviar un mensaje claro a los traficantes.
A pesar de los operativos, la trata de personas en República Dominicana sigue siendo un problema creciente. Organizaciones criminales continúan engañando y explotando a mujeres, aprovechando su situación de vulnerabilidad. La persistencia de este delito exige una respuesta integral y coordinada por parte de las autoridades y la sociedad civil.
Las autoridades han hecho un llamado a la población para denunciar estos delitos y así contribuir a la lucha contra la explotación y el tráfico de personas en el país. La denuncia es una herramienta clave para visibilizar estos casos y proteger a las víctimas.
Con información de CDN
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