La audiencia fue recesada para el martes 13 de mayo
El Ministerio Público anunció este jueves que ha presentado más de 300 de los más de 430 testigos que respaldan la acusación contra la supuesta red que integraron los generales Julio Camilo de los Santos Viola, Adán Cáceres Silvestre y otros altos oficiales de la Policía y las Fuerzas Armadas, quienes están acusados de haber estafado al Estado por más de 4,500 millones de pesos.
El procurador fiscal Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), brindó esta información al finalizar la audiencia del día, en la cual se concluyó el interrogatorio al perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) encargado del informe financiero presentado como prueba. El procurador subrayó que el informe «evidenció múltiples transacciones diseñadas para ocultar fondos públicos sustraídos, así como la adquisición de bienes inmuebles por parte de los acusados«.
Según una nota de prensa emitida por la Procuraduría General de la República, Pérez Fulcar destacó durante la audiencia que las defensas de Santos Viola y Cáceres Silvestre «no lograron su cometido de desacreditar el peritaje, el cual fue autenticado e incorporado al tribunal para su valoración en este caso de corrupción administrativa, siendo el de mayor auge en cuanto a número de testigos hasta la fecha».
En esa misma línea, el procurador afirmó que «se demostró que Julio Camilo de los Santos Viola adquirió más de 20 propiedades inmobiliarias entre 2018 y 2021, y que los ingresos de Adán Cáceres Silvestre no eran suficientes para cubrir ni las cuotas de los préstamos que asumía; esos pagos eran realizados por Rafael Núñez de Aza, gerente financiero de la institución».
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidió recesar la audiencia hasta el martes 13 de mayo a las 9:00 de la mañana, momento en el cual el Ministerio Público continuará con la presentación de pruebas, con el objetivo de lograr condenas ejemplares.
Sobre el proceso en cuestión, la Pepca ha indicado que el grupo de acusados, liderado por los exjefes del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Cáceres Silvestre, y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Juan Carlos Torres Robiou, distrajo fondos públicos entre 2012 y 2020 mediante compras irregulares de alimentos, combustibles y la designación de policías y militares, quienes recibían menos del 30% de su salario, apropiándose del resto.
Entre los imputados también se encuentran el mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez; la pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, conocida como «la Pastora«, y su hijo, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán. Asimismo, figuran el coronel Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, el general de la Fuerza Aérea Julio Camilo de los Santos Viola y José Manuel Rosario Pirón, entre otros.
Con información de | diariolibre.com
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