Según una nota de prensa, el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaño Guzmán, explicó que el dispositivo declaró inconstitucional, por vicios de forma, la Ley 10-15, que introdujo reformas al CPP.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) emitió una advertencia al Congreso Nacional, instándolo a priorizar en su agenda legislativa la subsanación de los vicios que afectan el Código Procesal Penal (CPP).
La urgencia surge a raíz de la sentencia TC/0765/24, del 6 de diciembre de 2024, dictada por el Tribunal Constitucional. Según una nota de prensa, el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaño Guzmán, explicó que el dispositivo declaró inconstitucional, por vicios de forma, la Ley 10-15, que introdujo reformas al CPP.
Señaló que el Tribunal decidió suspender los efectos de la sentencia por un año, lo cual permite que durante ese período la ley continúe vigente y evita un vacío normativo que podría comprometer la seguridad jurídica y derechos fundamentales.
De acuerdo a Castaño Guzmán, la decisión no cuestiona el contenido sustantivo de la reforma, sino que evidencia un error procedimental que afectó el proceso legislativo.
Por tanto, adujo que incumple el principio de deliberación conjunta y la aprobación bicameral, previsto en los artículos 76 y siguientes de la Constitución.
Mientras que Finjus subrayó que la bicameralidad no solo busca un equilibrio político, sino también una mayor racionalidad en la toma de decisiones.
Insisten en la necesidad de observar estrictamente los procedimientos constitucionales, incluyendo la aprobación por ambas cámaras y el voto calificado cuando corresponda, en vías de garantizar la validez de las leyes.
Consecuencias de inacción
Castaño Guzmán advirtió que la exhortación expresa al Congreso Nacional para subsanar el vicio detectado y legislar de nuevo conforme a los procedimientos constitucionales debe ser asumida con sentido de urgencia.
“Han transcurrido casi seis meses desde la emisión de la sentencia, y el plazo otorgado se acerca a su vencimiento. Si no se atiende esta reincorporación, se producirá un caos jurídico que afectaría la institucionalidad del país”, adujo el jurista.
Señaló que el eventual retorno al Código Procesal Penal en su versión previa a la Ley 10-15 generaría retrocesos significativos en el sistema de justicia penal
Destacó la reducción de plazos para medidas de coerción, la limitación de figuras procesales como la suspensión condicional del procedimiento, la modificación de los criterios para la prisión preventiva y el debilitamiento de mecanismos de protección para víctimas y testigos, entre otros aspectos relevantes.
También precisó que afectaría la funcionalidad del Ministerio Público y limitaría la participación de entidades públicas en el ejercicio de la acción penal.
Oportunidad de mejora
Castaño Guzmán mencionó que este proceso representa una oportunidad para subsanar diversas deficiencias que afectan el funcionamiento del proceso penal.
Según la comunicación, es el espacio propicio para revisar y precisar aspectos claves como la declaratoria y el cómputo de los casos complejos, cuya ambigüedad, argumenta, genera inseguridad jurídica y dilaciones innecesarias.
Reflexionó respecto a que debe examinarse con rigor el rol de los distintos entes del sistema de justicia, con atención en el Ministerio Público, para garantizar una actuación coherente con los principios del debido proceso y la tutela judicial efectiva.
Indicó que es imprescindible revisar las formalidades del proceso acusatorio, asegurando que estas no se conviertan en obstáculos para el acceso a la justicia ni para la efectividad del sistema penal.
De ahí que la entidad manifieste que resulta imperativo para el Congreso Nacional priorizar en su agenda legislativa el conocimiento de la norma procesal penal, esta vez respetando los parámetros constitucionales.
No obstante, advierten que es responsabilidad de los operadores del sistema de justicia y de la sociedad en general participar activamente en este proceso.
Castaño Guzmán sostuvo que fortalecer el régimen democrático dominicano demanda instituciones fuertes, procesos respetuosos de la Constitución y una cultura política que valore el equilibrio razonable entre los poderes del Estado.
«Es momento de actuar con visión de Estado e institucionalidad, cuyos ejes se concentran en la búsqueda de la prosperidad social, el respeto a la libertad, la protección de la dignidad y la creación de un ambiente de seguridad jurídica», enfatizó
Con información de | listindiario.com
Obtén información al instante, únete a nuestra comunidad digital
Síguenos en nuestras cuentas de Redes Sociales
Instagram: @Dominicananews24oficial
