La compañía Servicio Nacional de Seguridad Integral SRL (Senase) ha entregado un monto mínimo de ciento ocho millones de pesos (RD$ 108,000,000. 00) en sobornos a diferentes entidades del Estado con el fin de obtener contratos con estas.
Conforme a la petición de medida de coerción presentada por el Ministerio Público contra los involucrados en una red de corrupción administrativa que incluye tanto a militares como a civiles, la empresa realizó un pago de 108 millones a funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las compañías distribuidoras de electricidad Edenorte Dominicana, S. A. , Edesur y Edeeste.
“El informe destaca que la organización delictiva se apoderó de estas entidades públicas para extraer recursos del erario. ”
Las autoridades informan que, desde el año 2012 hasta los primeros meses de 2025, se entregaron sobornos a los empleados de esas instituciones que trabajaban, o tenían vínculos, con las áreas de contratación asignadas y la supervisión de la recepción de los servicios proporcionados. Los pagos ilegales se llevaron a cabo tanto a través de transferencias bancarias como mediante la entrega de efectivo.
En el desarrollo de la investigación, hemos descubierto, basándonos en las transacciones financieras recopiladas hasta la fecha, que las empresas que reciben contratos para servicios de seguridad, a fin de beneficiarse de dichos contratos y proporcionar los servicios acordados, entregan a funcionarios públicos relacionados con el proceso de contratación entre el 5 % y el 10 % del total de cada factura que el Estado dominicano les abona. Esta información se detalla en un documento que abarca 450 páginas, que incluye numerosas pruebas testimoniales, documentales y materiales.
El Ministerio Público sostiene que los funcionarios acusados, quienes tenían la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de los contratos y asegurar la adecuada ejecución de los servicios contratados, recibían sobornos a cambio de mantener las contrataciones activas, acelerar procedimientos administrativos y permitir la realización de estos sin restricciones ni supervisión efectiva.
Este esquema de soborno resultó en una total subordinación del sistema de control y recepción de los servicios contratados, así como en la sumisión de los directores del departamento de seguridad de las instituciones contratantes. Esto permitió a los acusados llevar a cabo una serie de acciones ilegales dirigidas a favorecer intencionalmente a determinadas empresas de seguridad privada, en perjuicio del interés público. El documento explica que estas acciones comprendieron la falta de cumplimiento de responsabilidades de supervisión, la aceptación de irregularidades y la defensa activa de las empresas beneficiadas, todo con el fin de conservar los contratos en curso y continuar recibiendo beneficios económicos personales a través del cobro constante de sobornos.
Las autoridades indican que los pagos de sobornos no se restringían a una fase particular del proceso, sino que afectaban todas las etapas de la contratación, comenzando desde la elaboración de los términos de referencia y los pliegos de condiciones, pasando por la evaluación de ofertas, la adjudicación de contratos, hasta llegar a su ejecución, supervisión y renovación.
«Esta red de corrupción funcionaba como un sistema, en el cual se solicitaban pagos ilegales por parte de varios funcionarios relacionados con las contrataciones y los responsables de la seguridad física de las organizaciones perjudicadas, y estos pagos se realizaban de manera directa o mediante intermediarios«, señala.
Involucrados
Entre los acusados se encuentran el mayor general retirado Carlos Ambrosio Robles Díaz y los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez, todos pertenecientes al Ejército.
Asimismo, se incluye al coronel de la Fuerza Aérea, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, al primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos, al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, al coronel de la Policía, Ramón Quezada Ortiz y al ciudadano Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Medida de restricción.
El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional ha pospuesto para las dos de la tarde del lunes el examen de la medida de coerción; el Ministerio Público ha solicitado que se considere el caso como complejo y que se imponga prisión preventiva a todos los implicados.
Con información de | listíndiario.com
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