El caso más reciente fue la querella con constitución en actor civil presentada por la exviceministra de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán, contra Ángel Martínez y otras cinco personas.
La calumnia a través de medios digitales se ha convertido en uno de los delitos informáticos más judicializados en la República Dominicana.
La Fiscalía del Distrito Nacional recibe cada año numerosas denuncias por difamación e injuria, lo que refleja la creciente tensión provocada por el aumento de las redes sociales y las plataformas digitales.
El departamento especializado en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología ha señalado que estos delitos son de los que más se persiguen activamente.
Recientemente, han salido a la luz varios casos de gran relevancia que evidencian la inclinación de personas públicas a acudir a los tribunales para salvaguardar su honor y reputación.
Caso Milagros De Camps Germán contra Ángel Martínez y Otros
Un caso notable es la denuncia con constitución de actor civil interpuesta por la exviceministra de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán, contra el comunicador Ángel Martínez, quien reside en Miami, y cinco individuos más. Esta acción legal forma parte de un conjunto de iniciativas iniciadas el 24 de enero de 2025.
La denuncia, que también incluye a Franchesca Castillo, José Manuel Mesa, Lya Báez, Aquiles Jiménez y Kiko Schwerer, fue presentada por un equipo de abogados: Amauris Vásquez Disla, Diana De Camps Contreras, Paul Concepción, Mariela Santos Jiménez y Félix Santana Reyes.
La reclamación sostiene la supuesta transgresión de la Ley 61-32 relacionada con la Expresión y Difusión del Pensamiento, así como de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Se demanda una compensación de RD$ 10,000,000. 00, destinada a la protección y conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
La acusación se basa en una serie de publicaciones y videos que fueron difundidos en redes sociales, particularmente en YouTube y en las cuentas verificadas de los denunciados. De acuerdo con la denuncia, en estas plataformas «se difunde la falsa afirmación de que la señora De Camps está embarazada y que el supuesto padre es el presidente de la República, Luis Abinader».
Los abogados de De Camps Germán señalan que «la narrativa fue ampliada con un lenguaje burlón, imágenes alteradas y afirmaciones sin fundamento, en lo que la parte demandante describe como una campaña de difamación sistemática y viral». Ellos estiman que el contenido llegó a más de 400,000 personas en menos de diez días, «provocando un daño serio e irreversible a la honra, dignidad y reputación de la exfuncionaria».
Los representantes legales argumentan que las afirmaciones realizadas no están protegidas por el derecho a la libertad de expresión, ya que constituyen «acusaciones falsas, ofensivas y desproporcionadas». Aseguran que «este caso es un claro ejemplo del abuso de la libertad de expresión, donde la motivación detrás de las declaraciones no es el pensamiento, sino el odio, la manipulación y el desprestigio«.
Otro Caso: Luis Ricardo Reyes Mendoza contra Ángel Martínez
Otra acción judicial significativa en contra de Ángel Martínez es la denuncia presentada en la Fiscalía del Distrito Nacional por Luis Ricardo Reyes Mendoza, a través de su abogado Miguel de la Rosa, también por supuesta difamación e injurias.
De acuerdo con el documento, el 20 de mayo pasado, Martínez sostuvo en su programa de YouTube que Reyes Mendoza era un narcotraficante que tenía una finca en Bánica, en la provincia de Elías Piñas, y que supuestamente habría sido visitada por el presidente Luis Abinader. Asimismo, la denuncia menciona que Martínez afirmó que Reyes Mendoza «le buscaba mujeres» a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y que mantenía una asociación con Quirino Ernesto Paulino Castillo (conocido como Quirino), a quien describió como un delincuente, entre otras acusaciones.
Reyes Mendoza sostiene que estas declaraciones han impactado gravemente tanto su vida pública como personal, hasta el punto que su padre, Eladio Reyes, falleció de un infarto a causa de «todas las mentiras y difamaciones» en su contra.
Detención de Ángel Martínez
El investigador Ángel Martínez, que reside en Miami, fue detenido ayer en Puerto Plata por desobediencia, debido a su falta de comparecencia en las audiencias que le seguían. Esta detención ocurrió en el marco de una demanda por difamación e injuria presentada por el diputado Sergio Moya (Gory).
Acciones Legales por Difamación: La Ministra Faride Raful se Involucra
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha comunicado que ha instruido a su equipo legal para que inicien procedimientos judiciales contra todos los que participen en una campaña destinada a desacreditar su gestión.
A través de un video en su cuenta de Instagram, Raful destacó que, como funcionaria pública, ha actuado con transparencia, integridad y coherencia. Sin embargo, en esta ocasión, se expresó como hija, madre y ciudadana, en representación de otras mujeres que «han enfrentado ataques similares».
La ministra indicó que cualquier persona podría ser blanco de extorsión a través de contenido manipulador en redes sociales, lo cual considera «una amenaza real que debemos confrontar como sociedad».
Querellas de Periodistas contra Comunicadores Digitales
Otra denuncia de gran importancia fue presentada ante la Fiscalía del Distrito Nacional por los periodistas Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora de televisión Mariasela Álvarez.
La acción legal, por difamación e injurias en plataformas digitales, fue interpuesta contra cuatro comunicadores: Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández. Los denunciantes les acusan de propagar reiteradamente afirmaciones difamatorias e injuriosas.
Según la denuncia, los acusados replicaron la desinformación divulgada por el comunicador Johnny Arrendel, quien alegó que varios periodistas estaban recibiendo miles de dólares mensuales de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Caso del Diputado Sergio Moya contra «La Tora»
El legislador Sergio Moya, apodado «Gory», ha interpuesto una demanda por supuesta difamación y calumnias contra la periodista Claudina Pérez, conocida comúnmente como «La Tora».
En este contexto, la jueza Diana Moreno Rodríguez, de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, emitió una orden de arresto el 30 de abril, al declarar a «La Tora» en rebeldía por no asistir a la audiencia.
Después de ser detenida, la jueza llevó a cabo una audiencia y levantó la rebeldía que existía en su contra, posponiendo la audiencia para el 28 de mayo. Como respuesta a esta situación, «La Tora» ha llevado a cabo un proceso disciplinario contra la jueza ante el Consejo del Poder Judicial.
Gory contra Alfredo de la Cruz
El diputado Sergio Moya también presentó una demanda civil contra el comunicador Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, acusándolo de supuesta difamación y calumnias.
El legislador presentó la denuncia ante la Fiscalía del Distrito Nacional, junto con los abogados José Altagracia Fis Batista, Enmanuel Pimentel Reyes y Enmanuel Martínez Acevedo.
Según sus representantes legales, el diputado del Partido Revolucionario Moderno denuncia al comunicador por delitos de difamación y calumnias, conforme a lo establecido en los artículos 367 del Código Penal y los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre delitos de alta tecnología.
En la denuncia se solicita al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología que elabore un informe detallado y técnico relacionado con los videos del canal de YouTube.
Criterio de la Suprema Corte sobre Difamación Electrónica
Debido a la alta densidad poblacional y la intensa actividad mediática en el Distrito Nacional, un número considerable de estas denuncias se presentan en esta área. La República Dominicana tiene la Ley 61-32 de 1962, sobre la Expresión y Difusión del Pensamiento, que define la difamación y las calumnias. Además, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología aborda estas acciones cuando se realizan de manera electrónica, facilitando así la interposición de denuncias y la persecución de esos delitos.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia estableció un importante criterio en la sentencia núm. SCJ-SS-22-0563, emitida el 2 de junio de 2022. Se determinó que la difamación cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales constituye un tipo penal especial que debe ser perseguido como un delito de acción pública a petición privada. Esto implica que se requiere, como condición fundamental, que se lleve a cabo como un proceso ordinario, con una fase preliminar y la participación del Ministerio Público.
«En este caso, la acción penal se ha llevado a cabo de manera incorrecta, ya que se ha comprobado que los hechos imputados al acusado son susceptibles de ser perseguidos a través de la acción pública pero por iniciativa privada, no de forma privada como sucedió aquí, lo cual impide profundizar en el asunto del proceso y justifica la declaración de inadmisibilidad», señala la resolución.
La resolución fue emitida por los magistrados Francisco Antonio Jerez Mena (quien está al frente), Fran Euclides Soto Sánchez y Francisco Antonio Ortega Polanco.
Debido al elevado número de habitantes y la actividad mediática en el Distrito Nacional, una parte considerable de estas denuncias se presenta en esa jurisdicción.
En la República Dominicana, existe la Ley 61-32 de 1962, que regula la Expresión y Difusión del Pensamiento y que define los delitos de difamación e injuria. Además, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología aborda estas acciones cuando se realizan a través de medios electrónicos, lo que facilita la presentación de denuncias y la persecución de estos delitos.
Con información de | listindiario.com
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