El Tribunal Constitucional (TC) ha revelado una preocupante lista de 93 sentencias desacatadas, donde la Policía Nacional (PN) y el Ministerio de Defensa (MIDE) encabezan la lista de instituciones renuentes al cumplimiento. La PN acumula 24 casos de desacato, a pesar de ser la encargada de ejecutar las decisiones judiciales, mientras que el MIDE registra 8 casos. Esta situación ha obligado a decenas de militares, policías y civiles a recurrir nuevamente al TC para exigir el cumplimiento de las sentencias a su favor.
Un ejemplo destacado es el caso de Alexander Rubio Urbáez, quien tras la incautación ilegal de su motocicleta por parte de la PN en 2016, obtuvo una sentencia favorable del TC, incluyendo una astreinte por cada día de incumplimiento. Sin embargo, incluso con esta medida, Hogar Crea Dominicana tuvo que solicitar en 2024 el cumplimiento de la sentencia para reclamar el pago de la astreinte.
Ana Espinosa Tejar, tras una larga batalla legal, logró que el TC reconociera su derecho a una pensión de conviviente superviviente que le había sido negada por el Ejército. Aunque finalmente recibió la pensión y parte de los pagos atrasados, la cantidad recibida fue significativamente menor a la reclamada. Otro caso involucra a las hijas menores del sargento Miguel Ángel Morel Cuevas, a quienes el TC ordenó el pago de una pensión tras la negativa de la PN. Incluso tres generales y un coronel retirados lograron que el TC condenara a la PN a pagar una astreinte millonaria por el desacato a una sentencia sobre sus pensiones.
Ante la solicitud de Diario Libre, ni la PN ni el MIDE han ofrecido explicaciones sobre el desacato a las sentencias. El expresidente del TC, Milton Ray Guevara, expresó su preocupación por la falta de mecanismos legales para asegurar el cumplimiento de las resoluciones del tribunal. Aunque se creó la Unidad de Seguimiento de Ejecución de Sentencias (USES), su función se limita a cuestionar, sin poder forzar el cumplimiento. Los magistrados actuales evitan referirse al tema, alegando que no está dentro de sus atribuciones. El senador Omar Fernández ha propuesto un proyecto de ley para sancionar el desacato a las sentencias del TC, con penas de hasta un año de prisión.
Con información de Diario Libre
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