El senador Omar Fernández ha propuesto la creación del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia) en respuesta al discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Esta nueva entidad, según el proyecto de ley, tendría como objetivo principal regular y supervisar el uso de la inteligencia artificial (IA) en la República Dominicana, garantizando su aplicación ética y responsable. La iniciativa busca prevenir posibles abusos y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos ante el avance de esta tecnología.
El Cenia, que estaría adscrito al Ministerio de la Presidencia, funcionaría como un organismo regulador con la colaboración de instituciones clave como el Indotel, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Sus funciones abarcarían la emisión de normas técnicas, la evaluación y certificación de sistemas de IA, la investigación de posibles violaciones a la ley, y el establecimiento de un registro nacional de sistemas de IA en operación. Este registro contendría información detallada sobre el propósito de cada sistema y los riesgos asociados a su uso.
El proyecto de ley enfatiza la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de la IA. Se establece el derecho de los usuarios a conocer el funcionamiento de estos sistemas y su impacto en sus derechos. Los desarrolladores, por su parte, tendrán la obligación de documentar y garantizar la comprensibilidad y verificabilidad de los procesos de toma de decisiones automatizadas. La protección de datos personales es otro pilar fundamental de la iniciativa, con la exigencia de altos estándares de seguridad y el consentimiento informado para el tratamiento de datos sensibles. Se prohíbe expresamente la recopilación y procesamiento de datos sensibles sin autorización, excepto en casos excepcionales previstos por la ley.
La supervisión humana en las decisiones automatizadas es crucial, especialmente en sectores sensibles como la salud, la justicia y las relaciones laborales. El proyecto garantiza el derecho de las personas a que las decisiones tomadas por sistemas de IA sean revisadas y, de ser necesario, modificadas por un ser humano. Además, se promueve la aplicación prioritaria de la IA en áreas estratégicas como la educación, la salud, la justicia y la seguridad, mientras que se prohíben ciertos usos que podrían comprometer la privacidad o los derechos fundamentales, como la creación de bases de datos de reconocimiento facial mediante la extracción masiva de imágenes de internet y el uso de IA para determinar la responsabilidad penal, civil o administrativa sin intervención humana.
Con información de Diario Libre
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