La Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República notificó que identificaron diversas infracciones a las regulaciones en tres concursos de licitación pública del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) a lo largo del año 2024.
A través de un informe elaborado en colaboración con la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), la unidad indicó que se detectaron señales significativas de conflictos de interés y eventuales comportamientos de colusión entre los oferentes.
Mediante un comunicado de prensa, se dio a conocer que el análisis minucioso de los procesos INABIE-CCC-LPN-2024-0008, INABIE-CCC-LPN-2024-0010 y INABIE-CCC-LPN-2024-0012, orientados a la compra de materiales escolares, abarcó entrevistas a 29 individuos, evaluación de documentos y peticiones de información a varias instituciones estatales. Los resultados muestran serias infracciones a la Ley 10-07 de Control Interno y a la Ley 340-06 relacionada con Compras y Contrataciones Públicas.
Entre las principales infracciones detectadas se destacan la modificación inapropiada de los estándares de evaluación, la falta de firmas y documentos requeridos, así como la implementación de medidas extraordinarias que posibilitaron la inclusión de empresas que habían sido descalificadas o no tenían la habilitación correspondiente. De igual manera, se observó una alarmante inconsistencia en los tiempos del cronograma y una inadecuada formación del Comité de Compras y Contrataciones, así como carencias en la documentación de los contratos que fueron registrados”, indica el comunicado de prensa.
La comunicación indica que, «debido a la seriedad de estos descubrimientos», el archivo completo ha sido enviado a la Procuraduría General de la República para los procedimientos legales pertinentes.
A lo largo del proceso de investigación, se encontraron señales significativas que sugieren la presencia de conflictos de interés y posibles comportamientos anticompetitivos, en particular, acciones de colusión entre proveedores.
De acuerdo con el informe, estas evidencias se derivan del estudio de conexiones empresariales y personales entre los representantes legales de varias empresas involucradas, lo que indica una posible colaboración anticipada destinada a afectar de manera inapropiada los resultados del proceso de licitación.
Asimismo, señalaron que estas medidas ponen en riesgo los principios de justicia, libre competencia y claridad que deben guiar las contrataciones públicas, y constituyen una violación de las normativas actuales. Por esta razón, estos descubrimientos también serán enviados a las autoridades correspondientes para una investigación detallada, incluyendo a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia).
Se hace hincapié en que la Dirección General de Contrataciones Públicas sugirió detener el registro y la tramitación de numerosos contratos, así como la realización de pagos relacionados con dichos contratos, hasta que concluyan las investigaciones que están actualmente en progreso. Las sugerencias tienen como objetivo salvaguardar los recursos públicos ante posibles gastos inapropiados.
La indagatoria realizada por la Unidad Antifraude y la DGCP reveló, asimismo, señales de una posible conspiración entre empleados del Inabie y ciertos proveedores, manifestada en conductas que indican una coordinación anticipada para favorecer a compañías concretas en los procedimientos de licitación.
Entre las prácticas identificadas se destacan la adaptación de los criterios de evaluación, la exclusión intencionada de controles documentales y la intervención, ya sea directa o indirecta, de servidores públicos en la alteración de decisiones tanto técnicas como administrativas. A esto se agrega la conducta anómala y dudosa de múltiples expertos evaluadores, así como de los coordinadores encargados de supervisar y validar su labor, quienes supuestamente habrían permitido la generación de informes sin las debidas garantías de precisión técnica ni verificación adecuada, además de informes manipulados”, expresan.
En el estudio, también se encontraron diferencias significativas entre los informes iniciales y los finales, sin ninguna documentación que explique las discrepancias. Asimismo, se encontraron indicios de cambios no autorizados, reemplazos o posibles falsificaciones de informes periciales, lo que compromete gravemente la legalidad del procedimiento y pone de manifiesto un patrón de conducta que podría haber beneficiado intencionadamente a ciertos oferentes, en perjuicio de la transparencia y la equidad del proceso de contratación.
Con información de | listíndiario.com
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