Diez militares y civiles acusados de una red de corrupción administrativa, implicada en sobornos para contratos de seguridad en instituciones públicas, enfrentarán hoy la solicitud de prisión preventiva en el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El juzgado ha asignado al número 18 de su agenda la petición de una medida de coerción contra el mayor general en retiro del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como contra los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez.
Asimismo, el Ministerio Público requiere que se clasifique el caso como complejo.
De igual manera, se mencionan al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, al primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, al coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz y al civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Mirna Ortiz, quien dirige la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al liderar el grupo de fiscales que presentó la petición de medida de coerción, enfatizó que este es solo el comienzo del caso y que, como en otras operaciones, más individuos podrían ser investigados, detenidos y sometidos en este proceso.
“Mediante este caso, el Ministerio Público ha desmantelado una organización criminal que operaba en el ámbito de las contrataciones públicas, tanto en empresas del Estado como en el sector de seguridad privada”, expresó.
“Hasta ahora, hemos detectado un monto superior a 100 millones de pesos pagados en sobornos, y tenemos más de 500 evidencias que respaldan la implicación de todos los acusados que han sido detenidos en esta operación durante esta fase inicial”, indicó Ortiz, quien estuvo acompañada por los fiscales Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán y Yoneivy González.
Cuando los periodistas le preguntaron sobre la posible participación de funcionarios, la responsable de la Pepca afirmó que cualquier persona que esté relacionada con la red desmantelada será llevada ante la justicia. “Esto apenas está comenzando”, destacó. “Comienza la fase preparatoria que da inicio a la investigación, así que continuaremos buscando más”, subrayó.
“Estamos pidiendo prisión preventiva como medida de coerción, ya que se trata de una estafa al Estado en instituciones públicas de tal magnitud que afecta la competencia leal entre otras empresas”, afirmó.
Añadió que tanto los militares como los civiles involucrados en la red de corrupción administrativa confrontada por el Ministerio Público han violado la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 340-06), además de hacerlo en instituciones que atienden las necesidades de comunidades vulnerables, como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), o que brindan servicios básicos y son estratégicas para el desarrollo social y económico, como las empresas de distribución eléctrica.
Según la acusación, los acusados también perjudicaron, además del Inaipi, al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y a las empresas de electricidad del Norte (EdeNorte), del Este (EdeEste) y del Sur (EdeSur).
La indagación del Ministerio Público comenzó a raíz de una queja que fue enviada al Ministerio Público por la Dirección General de Ética y Transparencia del Gobierno.
Con información de | listíndiario.com
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