Autoridades del país presentaron en Washington que hay varias mesas de trabajo orientadas a solucionar las quejas de empresas estadounidenses en el USTR.
El comercio internacional tiene como objetivo facilitar el flujo de mercancías entre los países que firman tratados comerciales. Estos convenios pueden incluir mecanismos de protección temporal, liberalización de mercados o subsidios. Sin embargo, las medidas internas que obstaculizan la entrada de productos para favorecer el mercado local pueden dar lugar a conflictos y reacciones adversas.
Un claro ejemplo de esta situación son los aranceles que Estados Unidos impone a países con los que mantiene relaciones comerciales, como es el caso de la República Dominicana. Este país se ve obligado a eliminar ciertas normativas que Estados Unidos considera perjudiciales para su competitividad y el libre comercio.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) realiza evaluaciones periódicas sobre las relaciones comerciales con sus socios, y en el caso de la República Dominicana, ha identificado como medida anticompetitiva el cobro de impuestos a productos importados desde Estados Unidos, en contraste con la exención de impuestos a productos locales similares. Recentemente, también se ha impuesto un arancel a las importaciones de arroz provenientes de ese mercado.
En cuanto al etanol importado desde Estados Unidos, en la República Dominicana se aplica un impuesto ad valorem del 10%, además de RD$11 por litro y un 18% de ITBIS. Por otro lado, al queso estadounidense se le impone igualmente el 18% de ITBIS, mientras que el queso de producción nacional se beneficia de una exención.
Entre las quejas adicionales se encuentran las tarifas de aduanas para vehículos usados. En general, el arancel del 10% sobre las exportaciones dominicanas parece bajo comparado con el 20% que se aplica por decreto al excedente fuera de la cuota de 23,000 toneladas métricas de cereal estadounidense o nicaragüense.
Asimismo, se han planteado cuestionamientos sobre las licencias de importación de productos agrícolas, los retrasos en registros sanitarios, la falta de transparencia en la contratación pública, inquietudes sobre la piratería, así como el cumplimiento de normativas laborales en el sector azucarero y las complejidades en las reglas de origen para las importaciones de vehículos. La implementación de un reglamento interno sobre el acero importado de Estados Unidos también es considerada una barrera al comercio.
En respuesta a los aranceles y las quejas de empresas estadounidenses, el presidente Donald Trump decidió imponer un arancel del 10% sobre varios países en la economía global, aunque esta medida se suspendió por 90 días tras provocar un impacto negativo en el mercado bursátil de Nueva York. En la República Dominicana, la industria local sostiene que este arancel adicional del 10% a las exportaciones la colocará en desventaja frente a México, especialmente en los sectores agropecuario y turístico.
La República Dominicana, junto con cinco países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala), firmó el Tratado de Libre Comercio DR-Cafta, que entró en vigor en 2007 y formalmente se implementó en 2006, cuando se integró El Salvador; dado que se trata de un bloque, la entrada de un país implica la entrada de todos.
A través del decreto 693-24, además de establecer una cuota de 23,300 toneladas métricas de arroz, el país ha impuesto una tarifa arancelaria del 99% a las importaciones de este cereal.
Medidas locales
En lo que respecta a las licencias de importación, los estadounidenses consideran que la denegación de estas por parte del Ministerio de Agricultura constituye una barrera arancelaria y una desigualdad. Además, critican la supuesta discriminación en las reglas de origen aplicadas a vehículos de fabricación estadounidense que tengan menos de cinco años.
Otras quejas se centran en las importaciones de acero de origen estadounidense, utilizado en el sector de la construcción, al considerar que constituyen barreras técnicas al comercio que no se aplican a los productos locales, a pesar de que en el país existe un reglamento al respecto.
Asimismo, expresan preocupaciones sobre las dificultades para acceder al mercado dominicano con productos de salud y medicamentos, así como inquietudes relacionadas con la piratería y las compras públicas.
Con información de | listindiario.com
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