Entienden que estos deben ser sometidos a interrogatorios antes de citar a familiares de víctimas.
Abogados que representan a los familiares de las víctimas y a las personas heridas en el incidente del Jet Set expresaron su desacuerdo porque el Ministerio Público aún no ha interrogado a los dueños del establecimiento.
Alejandro Tejada Estévez, Jaime Carrasco Batista y Luis Elías Villanueva, quienes defienden a cuatro familias de fallecidos, consideran que Antonio Espaillat López y Ana Grecia López deberían ser los primeros en ser citados para un interrogatorio. Criticaron que el Ministerio Público decidiera interrogar primero a los familiares de las víctimas y a los heridos en relación con un caso que resultó en la muerte de 235 personas y más de 180 heridos.
Tejada Estévez afirmó que es un despropósito del Ministerio Público interrogar inicialmente a los familiares de las víctimas, ya que ¿qué se les podría preguntar?
Señaló que los fiscales que llevan el caso deberían llamar a los dueños del local para ser interrogados e informar a los demandantes sobre los pasos realizados en la investigación.
Por su parte, Carrasco Batista y Elías Villanueva consideran que se debería citar primero a los dueños de la discoteca antes de llamar a los demandantes en este caso para un interrogatorio.
“Para desarrollar la teoría del caso, primero es necesario citar a los dueños del establecimiento y luego a los demandantes y denunciantes, no a la inversa”, argumentó Elías Villanueva.
Tejada Estévez, quien representa a la señora Cynthia Mercedes Nadal Porro, madre de Catherine Marie Najri Nadal, una de las víctimas del trágico evento, presentó una demanda contra Antonio Espaillat, Grecia López, Maribel Espaillat de Beras, Evely Espaillat de Aybar y la empresa Inversiones E y L, SRL, solicitando una compensación de 30 millones de pesos.
Tejada Estévez, junto con el abogado Lionel Vicente Correa Tapounet, también presentó otra demanda en nombre de Nelson de Jesús Sánchez y Juanita Ordaline del Carmen Brea, padres de Nelffisis Calwany Sánchez Brea, esposa del exjugador de béisbol Tony Blanco, ambos fallecidos en el incidente de la discoteca Jet Set, exigiendo una compensación de 200 millones de pesos.
Además, los abogados presentaron otra demanda este lunes en representación de Roberto Radhames Mateo, Virginia Sánchez Pimentel y Roberto Amauryss Mateo Sánchez, padres y hermano del promotor artístico e ingeniero Radhames Alexander Mateo Sánchez, quien murió en el desastre del Jet Set tras el colapso del techo del local.
En la denuncia presentada ante la Fiscalía del Distrito Nacional, solicitan que, además de pedir prisión preventiva para los dueños de la discoteca, también exigirán una compensación de 50 millones de pesos por los daños causados.
Debido al alto número de denuncias y querellas en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, varios grupos de fiscales de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y de la Fiscalía están llevando a cabo los interrogatorios a los familiares de las víctimas y a las personas que fueron lesionadas.
El pasado viernes, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos Castillo, comunicó que se han hecho citaciones para los interrogatorios. Además, afirmó que están trabajando en la investigación de la tragedia en la discoteca Jet Set, pero que, como parte del Ministerio Público, no están «para hablar, sino para actuar».
Indicó que, debido a la complejidad del caso, en el que hay más de 400 víctimas, no comparten los avances de la investigación porque la ley lo prohíbe.
Hasta el momento, se han presentado un total de 17 querellas y 24 denuncias en el Departamento de Atención del Sistema al Ciudadano de la Fiscalía del Distrito Nacional, que, junto con la Dirección de Persecución del Ministerio Público, está llevando a cabo la investigación.
En los procedimientos legales, afirman que buscarán compensaciones millonarias ante los tribunales, además de pedir al Ministerio Público que solicite prisión preventiva como medida cautelar contra los dueños de la discoteca.
Algunas de las querellas y denuncias incluyen al Estado dominicano y al ayuntamiento del Distrito Nacional por supuestas fallas en sus responsabilidades legales en asuntos de seguridad y supervisión de dichos locales.
ACUSACIONES
Estas querellas y denuncias contemplan cargos de homicidio involuntario y negligencia, mencionando posibles problemas estructurales y la presencia de equipo pesado en el techo como factores que contribuyeron al colapso.
Con información de | listindiario.com
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