El informe completo señala que, aun cuando el anteproyecto de ley fue elaborado por una comisión especial hace dos años, permanece bajo estudio de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha presentado un informe que refleja la situación de la libertad de prensa en el país, marcada por incertidumbres normativas, tensiones institucionales y nuevas iniciativas legislativas durante los últimos seis meses.
Este informe señala que la reforma de la Ley 6132, que regula la Expresión y Difusión del Pensamiento desde 1962, sigue estancada. Recientemente, dos legisladores han propuesto iniciativas para regular los medios digitales, así como a creadores de contenido e influencers.
El informe detalla que, aunque el anteproyecto de ley fue elaborado por una comisión especial hace dos años, todavía está bajo revisión de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. En marzo, el presidente Luis Abinader anunció su intención de enviar el proyecto al Congreso Nacional, pero la demora actual sugiere una falta de voluntad política o posibles desacuerdos internos.
Mientras tanto, han surgido propuestas paralelas en el Congreso. Los diputados oficialistas Bolívar Valera y Amado Díaz, de manera independiente, han presentado iniciativas para regular los medios digitales, creadores de contenido, influencers y plataformas en línea.
Ricardo de los Santos, presidente del Senado, hizo un llamado en marzo para que se establezcan “consecuencias claras” contra la difamación, en respuesta a denuncias de periodistas que fueron acusados sin pruebas de actuar como agentes pagados por la clausurada Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID).
En noviembre de 2024, la Suprema Corte de Justicia aprobó una nueva política de protección de datos que fue criticada por la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD). Esta organización argumentó que la normativa limitaba el acceso de la prensa a información judicial pública. La crítica se centró en la discrecionalidad excesiva que confería a los jueces para clasificar información como confidencial, lo que podría comprometer la transparencia en los procesos judiciales y el ejercicio del periodismo de investigación.
Además, en diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la Ley 1-24, que establecía el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), por violar principios constitucionales. Esta ley, que fue rechazada por medios, juristas y organizaciones de derechos humanos, otorgaba poderes desmesurados a los agentes de inteligencia del Estado, como la confiscación de datos y la realización de interrogatorios sin orden judicial previa. Se anticipa la creación de un nuevo proyecto de ley que respete los procedimientos legislativos adecuados.
Durante este período, se ha mantenido la falta de cumplimiento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública por parte de numerosos organismos del Estado, que a menudo se resisten a proporcionar información a los medios o la retrasan sin justificación. Diario Libre denunció la negativa de la Autoridad Portuaria Dominicana a ofrecer información sobre el arrendamiento de los Astilleros Navales, mientras que Listín Diario exigió a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) el listado de clientes morosos con deudas acumuladas durante años, sin recibir una respuesta satisfactoria.
Si desea leer el informe completo, puede hacerlo aquí:
La libertad de prensa enfrenta actualmente un panorama complejo, marcado por normativas inciertas, tensiones institucionales y nuevas propuestas legislativas que presentan tanto amenazas como oportunidades para el periodismo independiente.
La reforma de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, que ha estado en vigor desde 1962, sigue en punto muerto. A pesar de que un grupo especial elaboró un anteproyecto hace dos años, este continúa bajo revisión por parte de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. En marzo, el presidente Luis Abinader expresó su intención de enviar el proyecto al Congreso Nacional, lo que pone de manifiesto una falta de voluntad política o desacuerdos internos sobre el alcance de la reforma.
Mientras tanto, han surgido propuestas inquietantes desde el Congreso. Los diputados oficialistas Bolívar Valera y Amado Díaz han presentado iniciativas individuales para regular los medios digitales, creadores de contenido, influencers y diversas plataformas digitales.
En marzo, el debate sobre el equilibrio entre el derecho al honor y la libertad de expresión cobró fuerza cuando el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, abogó por una legislación que establezca «consecuencias claras» para la difamación. Esto surgió a raíz de denuncias de periodistas acusados, sin pruebas, de actuar como agentes de la clausurada Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID).
En noviembre de 2024, la Suprema Corte de Justicia aprobó una nueva política de protección de datos que fue rechazada por la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), al considerarla restrictiva para el acceso de la prensa a información judicial pública. Las críticas se centraron en la excesiva discrecionalidad que otorgaba a los jueces para clasificar información como confidencial, lo cual podría afectar la transparencia en los procesos judiciales y el ejercicio del periodismo de investigación. Ante esta situación, se formó una comisión mixta entre la SCJ y la SDD para reformular el documento. Se espera que el texto consensuado sea presentado al Pleno del alto tribunal antes de finalizar el primer cuatrimestre del año.
Finalmente, en diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la Ley 1-24, destinada a crear el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), por violar principios constitucionales. Esta ley, rechazada por medios de comunicación, juristas y organizaciones de derechos humanos, otorgaba poderes desmesurados a los agentes de inteligencia del Estado, como la posibilidad de confiscar datos y convocar interrogatorios sin orden judicial previa. Se anticipa la elaboración de un nuevo proyecto de ley que respete el debido proceso legislativo correspondiente.
Durante este período, persistió la falta de cumplimiento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública por parte de numerosos organismos estatales, que se resisten a proporcionar información a los medios o la retrasan sin justificación. Diario Libre denunció la negativa de la Autoridad Portuaria Dominicana a ofrecer datos sobre el arrendamiento de los Astilleros Navales. Por su parte, Listín Diario exigió a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) el listado de clientes morosos con deudas acumuladas durante años, pero no obtuvo una respuesta satisfactoria.
Con información de | listindiario.com
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